«Quién es el que pone linderos al aire»*

•30 mayo, 2011 • Dejar un comentario

Revisión de los derechos de autor en Bolivia

Marco Antonio Marín G.**

Con la colaboración del equipo del proyecto mARTadero.Vivero de las artes

Se escoge un libro al azar. Resulta que no es cualquier libro, publicado en una parte considerable de lenguas de la humanidad y estando aún distribuido en distintas regiones del denominado occidente; entonces, se transcribe literalmente la página que interesa:

«Emecé Editores S.A./ [su dirección]/ Título original: Le Petit Prince/ Copyright © 1951 Éditions Gallimard/ © Emecé Editores S.A.: 1951/ 3ª edición: junio de 2005/ (220 ediciones)/ [nombre y dirección de la imprenta y fecha de impresión]/ Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático./ IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINA/ Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723/ ISBN: 950-04-2640-4».

Los formatos para esta inscripción legal son diversos. Cada sello editorial o cada colección dentro del mismo, dispone de uno propio. La información que se presenta es generalmente irrelevante en relación al contenido del libro; más allá de las indicaciones del autor, la editorial, la fecha y lugar de publicación, referenciales cuando se realiza un trabajo académico, no se advierte mayor interés en la importancia de esta información: se otorga valor al texto contenido en sí mismo.

No se resta importancia, por esta manera de ver, el riguroso y específico trabajo del bibliógrafo, del bibliotecólogo, del archivista, del cronista, del semiólogo, del traductor (…la lista puede continuar). Pero más allá del horizonte común de referencia de la producción de bienes culturales (valga este libro: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry como limitado ejemplo) se presenta información específica que no está “comúnmente” entendida: ¿Qué es el Copyright, simbolizado por su símbolo: ©?, ¿por qué se menciona, y con fecha, otra editorial adicional a la que publica la obra?, ¿qué es el ISBN y el “depósito que previene la ley”?, ¿qué significa la cantidad de ediciones?, ¿por qué advierte bajo sanciones establecidas la rigurosa prohibición de la reproducción total o parcial de la obra?, ¿a qué derechos se refiere al reservarlos?

tomado de: murmullo.org

No se puede no advertir que las convenciones, entiéndanse como acuerdos sociales, se fundamentan sobre el acontecer humano, no único ni universal; en el sentido de que ciertas relaciones sociales instituyen una arbitrariedad de principios o verdades que son acordadas o impuestas y, desligadas de la religión, fundan el campo jurídico, en sus sentidos natural o positivo, como garantía para la cohesión y desenvolvimiento humanos. Uno se embriaga de «totalidad»; no se la puede advertir: se podría continuar sosteniendo el cuestionamiento al marco humano que sostiene el derecho natural de la propiedad que la tradición liberal funda como garantía para su realización; sin embargo no es menester del asunto que ahora conlleva precisar una discusión histórico-filosófica; sino, simplemente, advertir determinados cauces de exposición y reflexión en torno al despliegue y fundamentación de los denominados derechos de autor.

Tras ciertos acuerdos y convenciones, los Estados sostienen un cuerpo jurídico bastante sólido que ampara a los derechos de propiedad intelectual que trastabilla con el despliegue casi generalizado –huelga decir, su limitación– de las nuevas tecnologías de información y comunicación, básicamente el internet y el entorno digital, y las consideraciones de la sociedad de la información, del capitalismo académico o la revolución informática.Habría comenzado como un amparo de protección autoral en Inglaterra, en 1710, cuando el parlamento británico aprobó el llamado Estatuto de Ana, siendo un mecanismo de derechos de protección individual de los autores frente a los medios de producción de las obras: las imprentas de tipos móviles,  concediendo “al autor o “propietario” de un libro un derecho exclusivo a imprimir ese libro” –en palabras de Lawrence Lessig (2005: 79)– que líneas posteriores arguye sintetizando: “El copyright nació como una serie muy específica de restricciones: prohibía que otros reimprimieran un libro. En 1710, el “copyright” era un derecho para usar una máquina específica para duplicar una obra específica. No iba más allá de ese derecho tan limitado” (Ibíd.: 80). Evidentemente el curso de desarrollo tecnológico amplió la posibilidad material para hacer factible más ventajosas, óptimas y sencillas, formas de reproducción de las obras, soportadas, también, en diferentes códigos y lenguajes. Simultáneamente a la explosión tecnológica, el cuerpo jurídico de protección de los derechos de propiedad intelectual, también ampliaron sus facultades.

El despliegue jurídico y la validación teórica, así como las diferentes convenciones internacionales suscitadas desde fines del siglo XIX, que amparan los derechos de propiedad intelectual[1], como apartado más amplio donde se inscriben los derechos de autor, esbozan dos razones confusas para su justificación: Primero, amparar los derechos morales y patrimoniales de los creadores ante sus obras, como los derechos del público para tener acceso a las mismas; segundo, propender a la promoción de la creatividad y la difusión, como fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan al desarrollo económico y social del sector. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI, s/f: 4)

Sobreentendiendo que la creación ocupa un primer eslabón de la cadena de valor del arte, amerita de su difusión para el reconocimiento o aprovechamiento económico del consumo que se haga de la obra, último eslabón de la cadena. Con demasía los discursos que fundamentan los derechos de propiedad intelectual reposan en que éstos incentivan la creación; en el entendido de que la vulneración de tales derechos –básicamente por efectos del delito del plagio y la piratería– restringirían los beneficios económicos de las industrias culturales, reduciendo la oferta (difusión y publicación) legal de las obras y, por ende, la producción del intelecto humano. Desplegando el imaginario de que el autor o creador dependa del estímulo legal (moral y patrimonial) para garantizar la producción que realiza.

El cuestionamiento discursivo presente versa sobre la legitimidad del cuerpo jurídico específico en cuestión. ¿Es uno fundado en el beneficio de los autores –o la creación misma– o aquél que beneficia a actores y sectores sociales que hacen de la producción intelectual un bien destinado a su explotación comercial y financiera?

Te invitamos a continuar leyendo: una revisión del cuerpo legislativo de los derechos de autor en Bolivia. PINCHANDO AQUÍ, DESCÁRGATE EL DOCUMENTO COMPLETO.


* Verso del poema: “El chapaco alzao” de Óscar Alfaro, musicalizado por Eduardo Farfán.

** Encargado de Políticas culturales y Redes de la Fundación Imagen – Proyecto mARTadero. Vivero de las artes.

[1] Este sentido «relativamente reciente» del uso de la propiedad intelectual, alude a “cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas”. (En: Declaración mundial sobre la propiedad intelectual de la OMPI). Dos grandes apartados constituyen la propiedad intelectual, por un lado, la propiedad industrial: Marcas, invenciones, patentes, diseños, recursos genéticos, secretos comerciales, circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen; por el otro, los derechos de autor y los derechos conexos, que son a los que se aboca el presente texto.

Hacia un paradigma revolucionario: Compartir

•4 mayo, 2011 • Dejar un comentario

Presentamos a continuación un artículo de Daniel Cotillas, coordinador de comunicación del Proyecto mARTadero·Vivero de las Artes, que invita a reflexionar profundamente sobre la posibilidad creadora amparada, ahora, en el soporte de acciones que fundan las licencias libres para poder irradiar la creación cultural a un acervo cada vez más amplio y participativo, en el que la lógica individual de creación y difusión ceda hacia formas más sociales y cooperativas de enriquecimiento cultural.

Acá la invitación y la propuesta . En el siguiente artículo, pretenderemos advertir la connotación jurídica y social del cuestionamiento a los derechos de autor.

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Daniel Cotillas Ruiz[1]

Proyecto mARTadero · Vivero de las Artes

Se ha iniciado un cambio en el mundo artístico y cultural que está llamado a revolucionar la forma en que hemos entendido la difusión y comercialización de productos culturales hasta hoy, ya que las nuevas tecnologías nos han configurado como sociedades colectivas y sólo es entendible su uso como productoras de tal colectividad. Tal panorama nos lleva a afirmar que asistimos al inicio de un cambio total de paradigma pasando del poseer individualmente al compartir y crear cooperativamente, o como ejemplificó G. B. Shaw, si dos personas tienen una manzana y las intercambian, ambas tendrán una manzana, pero si dos personas tienen una idea y la intercambian, ambas tendrán dos ideas. Por ello, el modelo a debate ya no es el de la seguridad hacia la obra de los artistas y creadores (gremio que ha adoptado posturas históricas con su retórica conservadora) o el de la defensa de los derechos intelectuales, sino el del acceso a las expresiones culturales, y lo que puede ser más profundo e interesante, a los mecanismos abiertos, libres y gratuitos de difusión cultural.

Lo anterior, entonces, permite visualizar que vivimos un momento histórico, ya que algunas voces claman que desaparecerá la cultura y otras que ya no habrá posibilidades para que los artistas puedan crear con las condiciones necesarias. Sin embargo, si algo está susceptible de desaparición, en este nuevo contexto, son los intereses creados por las multinacionales del entretenimiento, más interesadas en crear productos culturales de corta duración y gran rendimiento económico que en el estudio y promoción de alternativas de creación cultural. Por eso, este nuevo panorama, más que hacer desaparecer la cultura, es una oportunidad para el fomento a la creación artística y cultural en realidades socioeconómicas alejadas de los cánones del mercado global, puesto que el poder que tiene ésta para la generación de una serie de hábitos públicos al desarrollar las capacidades innovadoras y creativas de los individuos se ve potenciado con las nuevas herramientas.

Ahora bien, hay tres aspectos fundamentales en la discusión actual sobre el acceso a la cultura y la obra artística. En primer lugar, está la defensa de los derechos de autor, es decir, toda aquella persona que cree una obra intelectual tiene los derechos intelectuales, de reproducción y difusión sobre su obra. Esto no es tan cierto desde el objetivo del mercado cultural, ya que el 90 por ciento de la cultura que consumimos viene de manos de los grandes conglomerados de entretenimiento a quienes los artistas se ven obligados de vender los derechos de su obra. En segundo lugar, está el tema de la libre difusión y copia de la producción cultural, siempre que se respeten los derechos de los creadores mencionados. En este último caso, el uso y promoción de licencias libres se presentan como alternativas válidas para la promoción artística de los países en vías de desarrollo económico. Y en tercer lugar, está la ruptura de un paradigma determinista para dejar paso a uno más humano, social y colaborativo, por el motivo de que ya no es relevante para un escritor o un videasta su origen y condiciones socio-demográficas. Por tanto, estamos ante un momento clave de cambio, una revolución ya no cultural sino de creación, de acceso a la cultura en contextos geográficos de bajo perfil para los intereses comerciales de las empresas del entretenimiento. Por eso es de suma importancia que esta discusión requiera del apoyo de los creadores para acabar con un status quo marcado por constricciones socioeconómicas que apoyan los deseos mercantilistas de un porcentaje reducidísimo de la población mundial.

En consecuencia, esta no es una lucha por los beneficios individuales de los artistas pertenecientes al establishment cultural mundial, sino algo más profundo: es la lucha por el talento como validador cultural. Hoy mismo cualquier joven con un sistema de grabación básico y los programas de computación adecuados para tratamiento de audio puede convertirse en la nueva sensación latina, ya sea en la misma Latinoamérica o en Asia, ya que la red no entiende de fronteras. Entonces, el principio que rige sobre estas nuevas plataformas de difusión cultural es la democracia: una computadora y conexión a internet bastan para difundir una obra. A raíz de esto, podemos decir con firmeza que el poder que las nuevas tecnologías tienen para conectarnos es innegable. Solamente quedaba por probar su capacidad para crear sociedades más democráticas. Y el intercambio libre de información legitima a las nuevas tecnologías como productoras de nuevos espacios de cooperación, comunicación, cultura e innovación. Es así como estas nuevas prácticas sociales refuerzan la apuesta por construir otras vidas y otros conocimientos que permitan que cualquier persona pueda acceder a la creación cultural.

Por lo tanto, el acceso libre y abierto a la cultura fortalece las relaciones sociales y comunitarias, además de los procesos democráticos, y se configura como base para el desarrollo justo y sostenible de la sociedad. Por ejemplo, en lo económico, sobre todo en lo que respecta a los creadores, el tema no es cómo ganar dinero o no, sino cómo está estructurado el sistema económico en torno a la autoría de contenidos intelectuales y las condiciones sociales y culturales de reconocimiento. Por ello, el reto de producir y consumir contenidos en formas más éticas se convierte en una responsabilidad social para encontrar la forma en que sea económicamente sostenible. Sin embargo, se precisa para ello el desarrollo y evolución de una serie de fundamentos, de ideas y de valores a partir del progreso de la razón, el compromiso y la corresponsabilidad. Ahora, es responsabilidad del artista contemporáneo lograr posicionarse y responder a la realidad contextual en la que vive.

Finalmente, “Otra sociedad del conocimiento es posible”, podemos afirmar parafraseando la famosa máxima alter mundialista. Una sociedad más democrática, libre y donde la cooperación y la colaboración entre los ciudadanos sean dos palabras que se respiren a diario.


[1] Licenciado en Comunicación y RR.PP. entre la Universidad Complutense de Madrid y la Haagse Hogeschool de La Haya (Países Bajos), su experiencia profesional se ha relacionado siempre con el mundo de la comunicación visual y las nuevas tecnologías: arte finalista en Dublín (Irlanda), diseñador gráfico freelance en Madrid (España), Webmaster en Lyon (Francia) y desde 2009 hasta hoy coordinador de Comunicación del proyecto mARTadero en Cochabamba (Bolivia).

Mediación concertada: Una mirada de gestión cultural desde los Consejos Departamentales de Cultura

•6 abril, 2011 • 1 comentario

Una de las vetas importantes de construcción participativa y diversa en la institucionalización del campo cultural ha sido, precisamente, el aporte que ha brindado el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al conformar, apoyar y legislar los Consejos de Culturas (los nueve departamentales y el, matriz, plurinacional), con la advertencia de posibilitar la articulación social y territorializada del sector en la planificación y gestión artístico-cultural del país. Advirtiendo los cursos de gestión cultural públicos, presentamos la entrevista editada a William Aguilar Pérez, anterior Jefe de la  Unidad de Coordinación de los Consejos Departamentales de Culturas del Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia.[1]

“Institucionalizar la gestión cultural significa darle la verdadera magnitud e importancia a la cultura”

Fundación Imagen (FI): En torno a la consolidación de esta Unidad de Coordinación de los Consejos Departamentales de Culturas de Bolivia, he entendido que se suscitó un proceso de desconocimiento de las jornadas culturales y de la consolidación de los  Consejos Departamentales de Culturas; en este sentido cuál fue su labor para poder ratificar, reconocer, legitimar la actual conformación de esta Unidad.

William Aguilar Pérez (WAP): Esta Unidad ha sufrido quizás los mismos avatares y los mismos problemas que los Consejos Departamentales de Culturas (CDC), porque si bien el 2009 es creada, no estaba incorporada –si vale el término– en la estructura y en el organigrama del Ministerio de Culturas[…] Es el 2009, en el 2º Encuentro de los CDC, realizado en la ciudad de Cochabamba, que se decide iniciar una lucha porque la unidad de coordinación no dependa del Viceministerio de Descolonización, sino dependa directamente del gabinete del Ministro/a de Culturas. Porque los CDC en su estructura de diez mesas, abarcarían no sólo a los temas de descolonización –que son importantísimos por cierto– sino también a las otras manifestaciones artísticas y sobre todo al tema de la interculturalidad; que es uno de los puntales: tenemos actualmente un Viceministerio de Interculturalidad.

[FI]: Sin embargo, ¿su consolidación parecería aún no estar garantizada?

[WAP]: Al interior del Ministerio de Culturas, existen miradas muy claras con relación a las autoridades, que de pronto en una gestión pueden dar más prioridad al tema del patrimonio, en otras al tema de la interculturalidad o a la promoción y difusión de las artes; mucho depende del ministro, de la ministra que tenga las funciones. Pero lo que sí podemos recalcar que en el programa del MAS, de gobierno, con el cual llega el hermano Evo Morales el 2010, se tiene una figura importante donde se señala que los consejos han jugado un papel importantísimo [para] la creación de Ministerio de Culturas pero por sobre todas las cosas que el gobierno del hermano Evo Morales está promoviendo los CDC y también el Consejo Plurinacional; entonces por lógica consecuencia este es un mandato político que debería cumplirse al interior del ministerio. […] Indudablemente existe un desgaste, son tres años que tienen los consejos y con la debilidad –que la comentamos con muchos hermanos y hermanas– que los consejeros realizan una labor ad honorem e indudablemente es muy difícil poder generar acciones culturales cuando  no se tiene el presupuesto correspondiente.

[FI]: En torno a la función de la creación de los CDC que establece el Decreto Supremo Nº 0064, se sostiene tres funciones básicas para su desenvolvimiento: la función de participación, de control y de proposición…

[WAP]: De generar iniciativas y proyectos culturales… Este es el nudo fundamental. Se cambia la lógica de la planificación. Normalmente la planificación dentro de la Ley de Participación Popular partía de necesidades y demandas y hasta cierto punto sólo se establecía el control social, pero sobre cierto monto de dinero. En este caso es por primera vez que se está planteando una nueva forma de planificación, una planificación mancomunada, participativa y que exige corresponsabilidad entre la sociedad plural y el gobierno, tanto nacional como los gobiernos departamentales, municipales.

[FI]: ¿Están en condiciones los CDC para realizar esta labor?

[WAP]: El trabajo mancomunado de los consejos es con las gobernaciones, indudablemente a través de direcciones de cultura –en algunos casos serán las secretarías o en otras las gobernaciones, donde todavía es el área de cultura–. La pelea también es importante: institucionalizar la gestión cultural significa darle la verdadera magnitud e importancia a la cultura. No puede ser posible que estemos planteando una revolución cultural en este proceso de cambio y tengamos solamente una unidad, digamos, en una gobernación. […] Pero para indicar: ¿Están en condiciones o no están en condiciones los consejos? El estado situacional de los CDC indica mucha debilidad en términos de legitimidad y de representatividad; ha habido un desgaste en estos tres años donde los consejeros ya han perdido cierto grado de legitimidad y representatividad. [Hay que añadir] dos cosas fundamentales: se debe incorporar la mirada territorial, es decir, incorporar a los municipios, incorporar a los pueblos indígenas o territorios indígenas, sin desmerecer también la incorporación de los sectores urbanos interculturales que son artistas, gestores, animadores, de todo; pero también incorporar a los actores: las instituciones públicas y también a las instituciones privadas […] y todas sus experiencias tienen que unirse y los consejos tienen que ser capaz de aglutinar a todas estas expresiones y experiencias culturales.

[FI]: Algo que me decía Juan Argandoña[2], sostenía que había dificultad de poder incidir tanto en la Gobernación como en la Oficialía Superior de Cultura de la Alcaldía.

[WAP]: Quiero ser optimista, de que sea porque los consejos no tienen la fuerza suficiente para ser representativos. Pero también veo con mucha preocupación, que la mayor parte de las autoridades culturales le tienen temor a la palabra participación y control social. Es así, no es fácil poder cumplir con el mandato político y el mandato social que tienen. La nueva organización del ejecutivo plantea que se debe promover la participación y el control social en todas las instancias de gobierno: gobierno nacional, gobierno departamental; pero de la letra muerta que está en la Constitución Política del Estado (CPE), en la Ley Marco de Autonomías y en la nueva estructura organizativa del ejecutivo a cumplirse, todavía pasa por temas de concientización para las mismas autoridades.

Pablo Forero. "Horizonte desarticulado". Obra presentada al concurso Bice Bugati 2010

[FI]: Por otro lado, ya entrando en temas conceptuales, ¿cuál sería el marco definitorio dentro del Ministerio de Culturas que estarían trabajando sobre el concepto de cultura?

[WAP]: Sí, es muy importante, porque este tema ha salido a relucir cuando aquí en el Ministerio se ha empezado a elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI). Este PEI tiene que fijar necesariamente en torno a qué concepto de cultura se está moviendo. […] Entonces ya podemos destacar que hay necesidad de tener un norte claro. Indudablemente en cada gestión existen algunas inclinaciones que son naturales, se tienen que priorizar algunos sectores; pero no veo que se tenga que segmentar, digamos, la mirada cultural. […] Hay necesidad de superar [esta fragmentación]: Ver a la cultura solamente como mirada del arte –es la primera cosa fundamental que con esta nueva forma de ver la gestión cultural se está iniciando–; segundo, dejar de ver a la cultura sólo como los pueblos indígenas; y tercero, dejar de ver a la cultura sólo como folklore o patrimonio: hay necesidad de integrar todas estas miradas en una sola y tener una mirada holística, integral, integradora…

[FI]: En cuanto a legislación cultural, la ley de culturas que se está proponiendo, tras el borrador que existe…

[WAP]: Un pedido, una demanda de los CDC es poder iniciar el proceso de construcción colectiva de la ley marco de culturas y tenemos como uno de nuestros objetivos asumirlo en términos de poder impulsar –si vale el término– la ley marco de culturas, entonces para eso es que se ha fijado que debemos impulsar la generación de espacios institucionales de encuentro, diálogo y planificación cultural. Y la construcción colectiva de la ley marco es un espacio de encuentro, diálogo y planificación cultural. […] Estamos acostumbrados a que se proponga un borrador de ley elaborado en gabinete y ese borrador es corregido, aumentado o afinado, entonces a mí me parece que es muy importante hacer lo otro, que dice la CPE.

[FI]: ¿Y el plazo para esto?

[WAP]: No existe plazo. Porque no se olviden que la figura de la construcción colectiva de las leyes está en el Art. 242[3], de participación y control social, y esa figura jurídica no está vigente en la actual legislación.

[FI]: Otras propuestas en materia de legislación cultural que se hayan suscitado.

[WAP]: La ley de patrimonio cultural que se viene desarrollando con el Viceministerio de interculturalidad y la ley de turismo que una consultora se ha hecho cargo y ya ha estado presentando. […] Tengo entendido que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia convocó a una reunión que estaba impulsando la Ley marco de culturas, después no nos hemos vuelto a enterar.

[FI]: Para la gestación de algunas otras propuestas en políticas culturales, por ejemplo se piensa desde la Fundación Imagen-el proyecto mARTadero en socializar la idea de los Puntos de cultura. ¿Podría existir su viabilidad antes de que termine el consenso de la Ley marco de culturas?

[WAP]: Sí, una de las políticas culturales que está en el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a los fondos concursables, pero el problema es que en nuestro plan estratégico institucional [esto] no figura, es muy importante volver a retomar esto a través de los CDC. […] Es muy importante recalcar que se tiene la figura bien clara en los programas de fomento a las iniciativas artísticas y culturales a través de fondos concursables pero que lamentablemente en este momento, nuevamente, están siendo discutidos, porque la Ley Marco de Autonomías fija atribuciones y competencias bien diferentes, entonces la idea de descentralizar y territorializar la gestión cultural implica que iniciativas que tengan impacto en competencia regional, tendrán que ver con los gobiernos departamentales; iniciativas macro que tengan que ver con impacto nacional, con todos los nueve departamentos tendrán que ser apoyadas por el ministerio de culturas.

Notas


[1] Entrevista realizada en su despacho, el 31 de enero de 2011 por Marco Antonio Marín G., para la Fundación Imagen – Proyecto mARTadero·Vivero de las Artes.

William Aguilar Pérez fue delegado por los Consejos Departamentales de Culturas para asumir al cargo y cesó en sus funciones a mediados del mes de marzo de 2011; entendiéndose la reestructuración que se suscitó al interior del Ministerio de Culturas tras la asunción de su nueva titular, Elizabeth Salguero Carrillo.

[2] Cfr. Infra. Entrevista hecha a Juan Argandoña, bajo el título: Participación concertada y control cultural: Los Consejos Departamentales de Culturas.

[3] El Artículo reza: “La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. 7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan. 10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan”.

¿Para qué le sirven las políticas públicas a la cultura?

•28 marzo, 2011 • Dejar un comentario

La discusión parece advertir cierto cauce de estancamiento.  Nuevamente volvemos a insistir: ¿Será que la cultura no condice con lo político? Las limitaciones conceptuales actuales referentes al campo cultural, sostenido de imprecisiones e inflexiones, no permiten que la discusión específica de los diferentes sectores involucrados se permee en programas, planes o políticas para que en el sustento territorial determinado incidan en beneficiar los derechos culturales para una más comprometida convivencia humana. La crisis, como tendencia fecunda o como cauce de conocimiento (Zavaleta), del amplio campo cultural vaticina que sin discutir e incidir en el escenario político difícilmente vamos a poder consolidar estrategias y procesos legislativos lejanos del peso del arbitrio estatal, más cercanos a procesos que involucren la efectiva democratización de lo cultural y artístico.

A continuación se presenta un texto de Claudia Montilla Vargas, publicado en la Revista EGOB. Revista de asuntos públicos, Nº 6, de la Universidad de los Andes-Colombia en diciembre de 2010; para vislumbrar la consideración de los planos de actuación de las políticas públicas que en cultura se gesten con el trasluz de investigadores y actores de reconocido prestigio; más aún ahora que el vacío legislativo exige disponer de la capacidad creadora y participativa de intervención social.

Carlos Carmona. Taller 7

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Claudia Montilla Vargas (*)

¿Para qué le sirven las políticas públicas a la cultura? y ¿por qué hay que hacer políticas públicas en cultura? fueron las preguntas que planteamos. Las respuestas amables estuvieron a cargo de uno de los pensadores más significativos en el tema, como lo es el colombo-español Jesús Martín-Barbero; de un gestor globalizado con alta experiencia en la cooperación internacional, como el español Fernando Vicario; de un estudioso de lo cultural desde la investigación académica, como el galés Nicholas Morgan; y de un practicante de las políticas culturales por más de quince años, el colombiano Luis Soto. A través de sus escritos encontramos itinerarios diversos para la conversación acerca de las políticas culturales.

La política pública es un marco de referencia común que determina una regulación colectiva para un sector que, a juicio del Estado, es importante. Las políticas públicas son entonces cruciales en cuanto constituyen un marco de referencia común para que un sector determinado, como la cultura, por ejemplo, sea posible y tenga incidencia en la sociedad. En la actualidad, el debate sobre el deber ser y los alcances de las políticas culturales ha llamado la atención de muchos sectores en diversas sociedades y grupos de interés. La Unesco, La AECID, la OEI, la OEA, el BM, el BID y un sinnúmero de países han llegado a considerar que sin políticas culturales no hay democracia ni desarrollo.

Y si bien las políticas públicas no resuelven los problemas, por lo menos crean el marco dentro del cual se hace posible la actuación. En el campo cultural, las políticas públicas son fundamentales porque a través de ellas se diseña una regulación colectiva que fortalece la creatividad, la democracia, la ciudadanía cultural, la diversidad de identidades y la equidad en la asignación de recursos y acciones públicas.

Las teorías contemporáneas definen la cultura como aquello que inscribe al individuo en el mundo, lo legitima y le permite construir sentido. En la práctica, la cultura es el campo de lo diverso, lo múltiple, lo fluido; por esta razón, los estudiosos hablan de culturas, en plural. En nuestro debate, por ejemplo, Nicholas Morgan afirma que la cultura incluye todo lo que tiene que ver con los procesos mediante los cuales se construye el sentido y que es el espacio no sólo de lo que se hace y lo que no se hace, sino también de quién cuenta y quién no cuenta en la sociedad. Por eso mismo, concluye Morgan, las políticas culturales deben extenderse a todos los ámbitos de la experiencia humana.

Así, el campo de la(s) cultura(s) en nuestra contemporaneidad hace referencia a manifestaciones como lo que denominamos las bellas artes —música, artes plásticas, teatro, danza, escultura, literatura, cine—, pero también a la diversidad cultural o a aquello que reconocemos como experiencias de la identidad —lo afro, lo indígena, las sexualidades—, a los usos y costumbres populares —fiestas, carnavales, bailes, música— y a las industrias culturales —medios de comunicación y medios digitales—. Lo cultural adquiere significación social y política desde sus adjetivos ‘ciudadano’, ‘diversidad’, ‘juvenil’, ‘femenina’, ‘étnica’. La cultura se ha convertido, entonces, en estrategia de alto valor político para el reconocimiento de la discriminación y la desigualdad, uno de los logros más importantes de la democracia.

Nuestros invitados comparten la idea de que “la cultura es un bien público” y que, por lo tanto, como escribe Soto, “el Estado no puede marginarse de su obligada tarea de asegurar las bases para que los creadores y los ciudadanos obtengan las condiciones para crear y expresarse con plenitud”.

Pero este reconocimiento sigue siendo un horizonte y no una práctica cotidiana; somos diversos en la retórica pero no tanto en las prácticas ciudadanas. Podría decirse que la diversidad cultural surge cuando se trata de las campañas de imagen del país y poco más. Esto se debe, tal vez, a que seguimos la fórmula de que “El Estado debe apoyar la cultura sin intervenir”, lo que al fin de cuentas se reduce a que los gestores culturales y sus iniciativas, junto con el mercado, sean quienes marquen el rumbo de los asuntos culturales. Así, Colombia cuenta con muy buenas políticas en el ámbito del cine, del libro y del patrimonio; políticas dispersas, fragmentarias y hasta excluyentes en las artes, los museos y las memorias; políticas de mercado para las tecnologías, el internet, el entretenimiento y los medios masivos; y políticas de inclusión de las mujeres, lo indígena y lo afro. Sin embargo, no se aprecia en el panorama un sentido compartido o unificado.

Y es que para promover políticas públicas hay dos opciones: regular todo en detalle o regular lo mínimo pero fundamental que organice los principios del sector y que permita libertad de movimiento e imaginación. En cualquier caso, independientemente del rumbo que tome la formulación, hay una serie de asuntos a los que debe referirse una política pública cultural: la institucionalidad del sector cultural; los programas de estímulos a la creación, la memoria y la investigación; la promoción y fomento de las artes; la educación artística dentro del currículo escolar; la creación y desarrollo permanente de museos, archivos y centros de memoria; la regulación respecto a la identidad y diversidad cultural; la protección de las minorías étnicas y las tradiciones identitarias; la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial; los medios de comunicación, internet y telefonía celular; la distribución de las obras culturales; la educación, formación y fomento de las audiencias y la promoción del respeto de los derechos de autor.

A partir de los textos de nuestros invitados, podemos reconstruir tres preguntas que podrían organizar la reflexión sobre la cultura y sus políticas culturales:

La primera pregunta tiene que ver con definir cuál es el lugar de la cultura en la sociedad. Jesús Martín Barbero propone pensar la respuesta desde las artes, las identidades y las mutaciones de las tecnologías de la comunicación. Fernando Vicario invita a pensar en cómo instaura el individuo nuevas formas de lo público en las cuales poner en juego la capacidad de convivir y encontrarse como ciudadano. Luis Soto explica que la cultura sirve para ejercer la creatividad, la capacidad de soñar y de apuntar a nuevos futuros y para lograr que la sociedad tenga cada vez más conciencia crítica y los ciudadanos más medios para ser sí mismos. Nicholas Morgan nos recuerda que la cultura es un bien social que hay que fomentar y proteger y un lujo del cual los políticos pueden prescindir en los momentos de crisis presupuestal. Y es que para los políticos, la cultura sigue siendo marginal, porque desvía de lo que ‘realmente cuenta’. Por eso al hablar de ‘políticas de la cultura’ haríamos bien de recordar que todas las políticas son en sí culturales, que hay que pensar la ‘cultura política’ y la sensibilidad cultural en la política.

La otra pregunta es qué significa hacer políticas culturales en nuestro tiempo. Las respuestas tienen que dar cuenta, según Martín-Barbero, de la explosión de los fundamentalismos identitarios, la fragilidad de la identidad individual, la reinvención de las identidades culturales, la idea de interculturalidad, el debilitamiento de los Estados-nación, las industrias mediáticas y digitales, las migraciones poblacionales y los procesos de comunicación intercultural. Fernando Vicario explica que la política cultural es un ensayo social para la construcción del modelo que soñamos para nuestro entorno, la acción para incorporar de forma ordenada todos los disensos sociales, escucharlos, darles su espacio de crecimiento y conseguir que actúen de forma coordinada por el bien social. Luis Soto afirma que el lugar de las políticas culturales es aquél donde se concretan sueños y aspiraciones de las comunidades y donde se incorpora la cultura en las tomas de decisión de entidades territoriales y nacionales, y que las políticas culturales sirven para la transformación de ciudades; el reconocimiento de patrimonios; el fomento de creadores, investigadores y gestores culturales; ejercer la creatividad y la capacidad de futuro; asegurar el pluralismo y la diversidad; propiciar la crítica, el disenso y la inconformidad.

Finalmente, ¿Y qué políticas? Necesitamos políticas que sean capaces de activar conjuntamente lo que proponen los territorios, las artes, las etnias y las raigambres con lo que ponen las redes, los flujos y los circuitos. Unas políticas culturales que sirvan para conservar, fomentar y cuidar lo cultural; para innovar, crear y potenciar su inserción en los procesos de educación y cohesión social; para fomentar la creatividad, la diversidad, la participación a través de fiestas, espacios públicos compartidos, exposiciones abiertas y espectáculos para todos los sectores sociales; para preservar la memoria. Y unas políticas culturales que no estén sujetas a los vaivenes de las culturas políticas ni a los caprichos de los gobernantes de turno.

(*) Claudia Montilla Vargas, que en la publicación se la retrata como editora invitada es filósofa con doctorado en Literatura comparada. Fue decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Los Andes-Colombia.

Cruce de caminos

•11 marzo, 2011 • Dejar un comentario

Anotaciones de cultura(s) y políticas culturales en Bolivia

Es a propósito del artículo sobre políticas culturales intitulado “Tablero inconcluso” que publicaba el periodista Oscar Jordán A.,[1] que se pretende exponer con amplitud, esperemos la permisible, puntos de vista –nada más– sobre la provocación que suscitaba.

© Afiche del foro: ¿A dónde vamos? Progreso en diferentes culturas. PIEB

De hecho, el título no podía ser más preciso; mas la metáfora con el mentado juego, advertía la incapacidad de establecer precisamente líneas y estrategias de acción o de juego para poder delinear ahora políticas culturales que a decir, con una definición sencilla en palabras del argentino Néstor García Canclini, son: «el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las  instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social».[2]

Dos apelativos y campos arduamente rebuscados e imprecisos, el de política y de cultura; para no entrar más en el detalle de su genealogía y/o filiación heurística, hemos de evitar, ahora, pretender más definiciones.

Hablamos de cultura y advertimos la totalidad y necesidad de expresar el desvarío. ¿De qué campo estamos hablando cuando acometemos lo cultural?, y ¿qué campos precisos son los que se pueden distinguir al plantear el escenario cultural? Sin embargo, en el curso de definición de políticas públicas se hace necesaria su delimitación precisa, más aún cuando se tiene un entramado jurídico-burocrático institucional del emergente Estado Plurinacional (que sostiene un Ministerio de Culturas).

Tiempos éstos en los que pareciera que totalizamos la connotación cultural, cuando a escala global políticamente se afirma la diversidad, entendiendo las líneas de actuación de la Unesco, y explicitamos más órdenes en las que el aspecto cultural está vinculado en el soporte material o en la generación de excedente, señalado en los reportes de los PIB’s nacionales. La tensión global-local, ¿cómo la con-fundimos?, ¿de qué manera nos involucramos en una cultura global? Recurrimos al arte y sus tendencias globales o profundizamos en afianzar raíces y las enmascaramos bajo una premisa ligera de identidad.

El juicio que sostenía el viceministro de descolonización del Estado, Félix Cárdenas, en la entrevista que publicamos se yergue con firmeza: “Estamos ante la frontera de la democracia, cómo se concibe la democracia, pero también en la frontera del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Es una tensión que va a ser permanente, no va a ser fácil ingresar en un proceso de cambio; parece que no estamos todavía empezando. Entonces yo lo veo como algo saludable, que haya tensiones, porque eso concientiza, eso te hace hacer opción”.

El matiz de colonialidad en Bolivia contamina el debate: hablamos de “la” cultura, de “las” culturas o de “la” cultura de las culturas. ¿Hacia cuál(es) de estos ámbitos se destinan los fondos estatales?

La necesidad de establecer campos definidos y aclaraciones conceptuales son empujes fundamentales para emprender tareas de la necesaria institucionalización –en la clásica racionalidad burocrática– que debemos considerar para el escenario cultural. Ir más allá de su sencilla máscara con que se lo confunde y de las etiquetas que los medios de comunicación imponen: sólo el despliegue artístico en su versión de espectáculo, connotando lo cultural a su arbitrario juicio valorativo de señalar qué merece cobertura.

La crítica o el ejercicio de sobre-escritura, reposa en matices de (auto)lamentaciones, aludiendo que los desaciertos u omisiones de gestión cultural deben ser subsanados por el aparato estatal, legitimando así su labor de intervención en el campo.

Precisando lo cultural, William Aguilar,[3] Jefe de la Unidad de Coordinación de los Consejos Departamentales de Culturas del ministerio, expresaba que “hay necesidad de superar [la perspectiva de] la cultura solamente como mirada del arte: es la primera cosa fundamental que con esta nueva forma de ver la gestión cultural se está iniciando; segundo, dejar de ver a la cultura sólo como pueblos indígenas; y tercero, dejar de ver a la cultura sólo como folklore o patrimonio. Hay necesidad de integrar todas estas miradas en una sola y tener una mirada holística, integral, integradora…”

Ya es de conocimiento reiterado, expresado en múltiples instancias por distintos sectores involucrados en los escenarios artísticos y culturales, que las disposiciones de gestión cultural desde los escenarios públicos carecen de objetivos concretos y tramados jurídico-institucionales que permitan su continuidad: “[A]l interior del Ministerio de Culturas [y, sostenemos, en otras dependencias de cultura de los demás órganos públicos], existen miradas muy claras de las autoridades, que de pronto en una gestión pueden dar más prioridad al tema del patrimonio, en otras al tema de la interculturalidad o a la promoción y difusión de las artes; mucho depende del ministro o la ministra que tenga las funciones”, señalaba Aguilar, reforzando la actitud de que no existen líneas de acción programática y, de existirlas, éstas se subordinarían a los cargos del gobierno de turno.

Se sostiene con bastante recurrencia la carencia de apoyo estatal (también privado) y la inexistencia de políticas culturales públicas capaces de articular y promover un marco general de desarrollo cultural y social en el país con procedimientos y mecanismos institucionalizados y soporte financiero óptimo, a pesar de que el programa gubernamental vigente aludiría diez puntos que propulsarían la denominada revolución cultural:[4] 1. Defensa, preservación y promoción del patrimonio (arqueológico, monumental, arquitectónico e inmaterial); 2. Fomento de la producción cultural, artística e intelectual; 3. Forjamiento de una cultura ciudadana para luchar contra el racismo y la discriminación; 4. Transformación del Estado colonial en el Estado Plurinacional, concretamente con la figuración de un nuevo servidor público; 5. Creación del Sistema Plurinacional de Formación Artística (cine, música, teatro); 6. Creación de industrias culturales; 7. Infraestructura (espacios culturales patrimoniales); 8. Plan nacional de fomento a la lectura; 9. Catalogación y registro internacional de la producción artística e intelectual y 10. Formación gratuita en idiomas oficiales originarios y otras expresiones culturales.

Advirtiéndose cierto tramado liberal de no intervención en el campo; la legislación cultural boliviana es escasa aún en las funciones básicas que ha conllevado controlar y reglamentar la actividad artística y cultural en el enfoque básico de la administración cultural: fomento a la creación (formación artística, concursos, premios…), protección del patrimonio (museos, sitios arqueológicos, inmuebles patrimoniales, entradas folklóricas…) y divulgación cultural (publicaciones, conciertos, registro, políticas de turismo…).

Las disposiciones constitucionales de reformulación estatal, tras la promulgación de la nueva Constitución  dejan espacios abiertos que necesitan de (re)definición. El campo cultural –por la plurinacionalidad reconocida– cobra elevada notoriedad a la par de su difusión e inconsistencia conceptuales, advertida actualmente en textos legislativos, acciones gubernamentales y manifiestos de autoridades públicas; haciéndose necesaria la intervención de los diferentes sectores para ampliar el espectro definitorio estatal: el vivir bien, y apoyar el curso participativo de actuación en la planificación y gestión de políticas culturales.

Una de estas intenciones, precisamente, emergió de la propia esfera estatal al legalizar los Consejos Departamentales de Culturas en todos los departamentos del país pero que, al parecer, aún tropiezan por agenciar su institucionalización y legitimidad. Ponderable, es destacar que entre sus funciones se establezcan las figuras de proposición, consulta y control culturales y que estén organizados en diferentes mesas temáticas, involucrando a la mayor cantidad de actores culturales: el resultado de su desempeño sólo será fruto de la capacidad de su organización.

No podemos resolver el horizonte cultural si no articulamos estrategias que vinculadas con lo productivo-territorial, lo histórico y lo educativo se desplieguen con características sociales. La(s) cultura(s) deben dejar de ser vistas sólo como un gasto o como la respuesta mercantil que atienda el consumo cultural. La construcción participativa se hace necesaria; para dejar la acostumbrada noción expectante de caudillismos artísticos o vanguardias que guiarán el curso general del estallido. La responsabilidad debe manifestarse mancomunadamente en el entendido de que los aportes de distintas miradas y diferentes escenarios de actuación, permitan la consolidación de propuestas sobre el marco legislativo de culturas y aquellas propuestas que acompañen los procesos de institucionalización y gestión de la cadena de valor del arte y la(s) cultura(s). Ésta la provocación a conformar una red de iniciativas de políticas culturales en Bolivia.


[1] Publicado en el periódico Los Tiempos, el domingo 13 de febrero de 2011. Lamentablemente se esperó demasiado, creyendo ingenuamente que la invitación provocaría manifestaciones y continuidad del debate: ¿Será que lo cultural no armoniza con lo político?

[2] En: “Políticas culturales en América Latina”, Grijalbo, México D.F., 1987.

[3] Entrevista realizada en su despacho, el 31 de enero de 2011.

[4] En el apartado 25 del programa de gobierno del MAS-IPSP, 2010-2015.

“No deberíamos ser un viceministerio, deberíamos ser un ministerio: un escenario principal del escenario de cambio”

•15 febrero, 2011 • Dejar un comentario

El terreno no está firme. La construcción conceptual no está anclada y sobre ella la posibilidad teórica y creadora –poiética– precisa de definiciones y aclaraciones sin pretender estancamientos ni sostener verdades; sin embargo, sí precisiones y escenarios: categóricos, dirán los académicos. Por ello, la dinámica cultural se reconceptualiza políticamente, a la par de ir reconociendo campos más amplios de explicación y desenvueltos en círculos de jerarquizado nivel de literacidad.

Pero ante la imprecisión de decir que la cultura lo es todo; así como la educación, la salud, la producción, la seguridad, la historia… es por la necesidad fecunda que se tiene de invadir sistémicamente la trama vital con las precisiones vitales, entendidas estas redundancias. La cultura se hace, entonces, una figura-una idea- un concepto-una palabra más densa. ¿Cómo precisarla, cómo definirla?, si involucra precisamente otros campos y atinge a una concertación y concreción histórica. La pretensión no es entonar figuras aclaratorias; sino delinear y ampliar el contexto. Entre las imprecisiones, el tramado institucional legítimo, el estatal, es equívoco aún al precisar y definir líneas institucionales en cultura y culturas, aún cuando se establezcan panaceas de desarrollo local o fórmulas románticas de convivencia armónica.

Roly Arias: "Reflejos y duplicaciones"

Presentamos, en esta línea de continuar las entrevistas y para aclarar la actuación institucional estatal del campo cultural, en este caso, opiniones del Viceministro de Descolonización del Estado Plurinacional de Bolivia.

Entrevista a Félix Cárdenas Aguilar, Viceministro de Descolonización[1]

Fundación Imagen [FI]: Don Félix, brevemente, para la Fundación Imagen-el Proyecto mARTadero, podría indicarnos cuál es la misión e intención del Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas.

Félix Cárdenas Aguilar [FCA]: No es muy fácil ese tema, porque nunca existía un Viceministerio de Descolonización, esto viene a partir de las discusiones política-ideológicas de la Asamblea Constituyente. Tras eso hay diferentes reacciones; hay reacciones académicas que pueden ver la descolonización como una cuestión exótica; hay reacciones, incluso, de niveles de la sociedad, que no entienden qué es descolonización; y para muchos, quizás la mayoría, descolonización es un tema de indios. No entienden que descolonización atraviesa todo. Hay un colonialismo que en todo sentido no solamente es un tema de indios, es un tema de obreros, el colonialismo es un tema de la burguesía, del empresariado privado. Entonces entender descolonización es entender colonialidad. Nosotros no vamos a los estudios académicos: muchas miradas de colonialidad, del ser colonial, del Estado; lo que vemos es el común del sentimiento y el común del sentimiento de los pueblos indígenas especialmente nos hacen entender que siempre hemos luchado contra un Estado. Se trata de entender la profundidad de la construcción del estado y el estado es colonial. Todos los estados-nacionales son estados coloniales fundados en razón de diseñar, de ejecutar políticas de estado para liquidar pueblos indígenas. Entonces a estas tareas de agresión permanente religiosa, cultural, física –de exterminio de los pueblos indígenas– es a lo que nosotros le llamamos Estado colonial.  Pero este Estado colonial ha instituido dos ejes centrales para reproducirse por inercia: es el racismo y es el patriarcado. Entonces no hay que entender el racismo como el acto de desprecio de una persona a otra en razón de color, en razón económica, sino que solamente de su comportamiento de la sociedad, del comportamiento racista, discriminatorio, solamente es consecuencia inicial de este hecho primero que es la construcción de un estado colonial basado en racismo y patriarcado. Como Viceministerio lo que tenemos que hacer es trabajar sobre estos temas en todos los niveles, pero ubicando en qué niveles es más importante. Cuáles son los nichos nucleares de  emanación de racismo y patriarcado; entonces ahí puedes tener: fuerzas armadas, policía –como el patriarcado en esencia, pero también como racismo–, podemos tener la educación colonial como la fuente que dimana racismo, discriminación, sin descontar otros temas diferentes como salud y otros temas diferentes.

[FI]: Por qué la ubicación del Viceministerio de Descolonización dentro del Ministerio de culturas, siendo que el Ministerio de Culturas no ha emprendido una transformación ni una aclaración del concepto de cultura.

[FCA]: Claro, se entiende la cultura como una actividad de tarimas, esa fue la concepción permanente de lo que es cultura y hoy estamos sufriendo una transformación de entender que cuando hablamos de cultura en los anteriores gobiernos estaban hablando de “la cultura” y que debería imponerse en la concepción de que el Estado es una sola cultura, es un solo idioma, una sola nación, una sola religión. Entonces la Asamblea nos hace asumir que no somos un solo idioma, una sola religión… que somos muchas culturas, muchos idiomas, somos una confederación de identidades y por lo tanto en el tema de culturas lo que hay que ver –por eso ahora cambia el nombre a Ministerio de Culturas– pero hacer entender esto es todavía un proceso. Entonces cuando entiendes que Bolivia tiene un Ministerio de culturas, deberíamos entender, también, que la cultura de los pueblos indígenas deberían ser la base, la fuerza, la ch’ama, el ajayu, el espíritu de un proceso revolucionario que busca el cambio; ojalá en el futuro se lo pueda asumir así, entonces no es una definición nuestra hacer que el [Viceministerio de] Descolonización esté dentro del Ministerio de Culturas; pero habría que buscar cómo se conectan la concepción de culturas, en estos tiempos, con la inevitable descolonización del y desde el Estado como lo plantea el Presidente.

[FI]: Entrando al campo de lo educativo, se ha establecido que la educación ha sido la principal institución de generar la exclusión y de difundir el imaginario simbólico de las actitudes racistas y quizás la encarnación de tal actitud y de la desvalorización de las culturas es, precisamente, la figura del maestro rural. ¿Entonces cómo se podría encarar esto?

[FCA]: Ahora la ley educativa dice que hay una sola educación, pero no es tan simple como eso, hay toda una conducta estatal con relación al maestro rural, maestro urbano. No solamente en la educación, en todos los ámbitos. Se trata de que tienes que hacer  dos años de provincia: entrenarte con los indios y luego venir a la ciudad para educar a los hijos de las/de los bolivianos. En salud es lo mismo: médicos van al campo a entrenarse con los indios, van a hacer algunas inyecciones y si se muere no hay problema, es un indio, pero después de esas prácticas vienen a ejercer en la ciudad. En todos los ámbitos del trabajo profesional siempre hay esta forma de concebir la sociedad boliviana en desmedro de los pueblos indígenas. Entonces ¿cómo cambiar eso?, es un trabajo muy fuerte [con la nueva ley] se está dando solamente más potestades al maestro, porque parece que es el dueño de la educación en la nueva ley educativa; pero obviamente que es un enunciado la ley educativa, lo que ahora hay que hacer es su reglamentación, todo lo que implica para ponerla en marcha.

Tenemos un tema muy interesante en Oruro, la Facultad de Derecho está cambiando toda su currícula desde la visión de la descolonización. Es un suicidio, yo creo, porque todos los componentes de la formación del profesional abogado no tienen nada de identidad nacional: es derecho romano, códigos napoleónicos, absolutamente todos los referentes ideológicos, filosóficos son occidentales; pero es un buen avance que en Oruro se esté, ya, discutiendo en la Facultad de Derecho. ¿Cómo esto puede llevar a las universidades en su conjunto a hacer un cambio de timón en la formación profesional? Es algo que nosotros no podemos garantizar porque nuestros recursos en gente, económicos, no nos dan para ir mucho. No deberíamos ser un viceministerio, deberíamos ser un ministerio: un escenario principal del escenario de cambio; pero bueno, estamos como viceministerio y estamos haciendo lo que se puede hacer.

[FI]: Parecería que esos objetivos de descolonización, del vivir bien a ratos se pierden. Entonces se advierte una tensión entre o seguir el curso socialista, por decir, del desarrollo tecnológico y generar mayor riqueza para todos, lo que implica que no importa el desagravio que se haga a la naturaleza: la construcción de la carretera en el Tipnis…

[FCA]: Parece que estamos discutiendo en la frontera de la democracia, cómo se concibe la democracia, pero también en la frontera del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Es una tensión que va a ser permanentemente, no va a ser fácil  ingresar en un proceso de cambio; parece que no estamos todavía empezando. […] El gasolinazo lo que nos ha traído a nosotros como beneficio ha sido quiénes están al frente y en qué momento podemos contar o no con quiénes, hablando de sectores sociales incluso. Porque tampoco se pretendía que todos acepten algo que no le han exigido a los anteriores gobiernos. En mi criterio hay un cambio radical del sujeto histórico. Si los años ’70 y ’80 soñábamos con construir un socialismo al estilo europeo o al estilo Cuba… con esos modelos hoy, parece que asumimos que no tenemos modelos. Hoy el sujeto histórico, lo veo en los pueblos indígenas, en los pueblos que han dicho: esta es nuestra única apuesta y no vamos a tener más otra oportunidad; entonces cambia el sujeto histórico, cambian también los paradigmas, los paradigmas anteriores: socialismo. Hoy nuestro paradigma: Madre tierra o capitalismo. A nuestros sujetos históricos hay que cimentarlos mucho más, hay que fortalecerlos mucho más, pero ya hay un signo de que esta es una revolución diferente, es una revolución del siglo XXI. Van a haber muchos problemas pero eso no va a implicar que el proceso pare. Eso va más allá del MAS, más allá de Evo Morales. Así lo entendemos, pero hay que poner los soportes que no permitan un proceso regresivo también.

[FI]: Desde una lectura particular, el Estado es demasiado pequeño: no tiene tanta capacidad de planificación, de control; no tiene tanta capacidad para gestar soberanía productiva y alimentaria, seguridad física, provisión tecnológica, formación –digamos– adecuada… Entonces el Estado es una herramienta bastante pequeña para este emprendimiento y sueño muy grande como es el vivir bien…

[FCA]: Y si a eso le sumas la crisis mundial, inevitable, que tiene que afectar no a nosotros sino a todos los países ¿pero qué hacemos desde adentro? Como que aquí no tenemos muchas cosas definidas. El tema ideológico: muchos dicen estamos construyendo el socialismo comunitario: ¿de qué se trata eso?, o el capitalismo andino: ¿qué es eso? Pero lo que yo siento personalmente es que este tema de las autonomías y autodeterminación deberían ser temas posteriores a la construcción del Estado plurinacional, pero se han dado de esta forma, que pueden bajarle el perfil de la construcción del Estado. Entonces hay muchos desafíos, no son malos los desafíos en sí mismos, sino que tengamos que tener la capacidad de ser creativos: por ejemplo, no podemos ser fundamentalistas en el tema de la Madre tierra, decir que nada se toca, pero tampoco la industrialización sin compasión. Entonces  el desafío del Estado es cómo combinas eso que manejamos como paradigma planetario, el tema de la madre tierra con la necesidad de la industrialización para desarrollarnos. Uno no debería anular a lo otro. ¿Entonces cómo equilibramos esto? Son los temas pendientes que tiene el gobierno, pero no puede resolverlos al año, tiene que hacerlo ahora. Entonces, como verás, hay muchos problemas que son propios de todo proceso revolucionario. ¿Cómo equilibras industrialización y cuidado de la naturaleza?, ¿cómo hacemos sobre el tema de la crisis mundial, alimentaria –en todo ese sentido que tiene que afectarnos– pero por dentro qué hacemos? Si tomas en cuenta que en Santa Cruz, la gente que producía caña ya no lo va a hacer […] el Estado tiene que intervenir en la producción. ¿Cómo hacerlo?, es un tema de los ministerios que les corresponde. Es eso que tiene que asumir el gobierno muy aceleradamente: empezar a sembrar caña, empezar a sembrar maíz, arroz, como Estado; y generar productos alternativos. Y una educación acelerada: de que no es posible que hablen de la madre tierra y estemos nosotros [teniendo] el menú permanente de carne.


[1] Entrevista realizada el 31 de enero de 2011, por Marco Antonio Marín G. Encargado de Políticas culturales y redes de la Fundación Imagen–Proyecto mARTadero.

Participación concertada y control cultural: Los Consejos Departamentales de Culturas

•4 febrero, 2011 • Dejar un comentario

Entrevista a Juan Argandoña, presidente del Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba

Las jornadas culturales del 2008, organizadas por el, entonces, Viceministerio de Desarrollo de Culturas, bajo la titularidad de Pablo Groux C., permitieron aglutinar –sin mucha convocatoria– actores del sector cultural y artístico de cada departamento para conformar mesas de trabajo temáticas de diagnóstico y formulación de necesidades, problemáticas y propuestas, dentro del típico proceder de planificación estratégica, delineando un estado de arte del sector cultural y permitir la organización ciudadana de los Consejos Departamentales de Culturas. Las mesas de trabajo o temáticas, por razones organizativas y metodológicas propuestas por el ente estatal correspondieron a los siguientes sectores: 1. Instituciones y movimientos sociales. 2. Artes plásticas, populares y visuales. 3. Artes escénicas. 4. Artes musicales. 5. Audiovisuales. 6. Patrimonio cultural. 7. Gestión cultural. 8. Patrimonio intangible. 9. Biblioteca, archivos y literatura. 10. Formación artística e investigación académica. No definitorios estos campos y respetando ciertas tensiones de poder locales, estas mesas “podrán renombrarse, fusionarse o rearticularse de acuerdo a las características y exigencias de cada departamento sin que puedan exceder de diez (10) mesas”. (Art. 13º del Reglamento interno de los Consejos Departamentales de Culturas). Teniendo cada una de las mesas un representante a ser miembro del consejo.

Siendo ratificados y legalmente constituidos el 3 de abril de 2009, con la promulgación del Decreto Supremo 0064, los nueve Consejos Departamentales de Culturas, con sus respectivos miembros fueron consolidados para: “a) Organizar y convocar a Jornadas Culturales, velando por la mayor participación posible, de forma equitativa entre el área rural y urbana. b) delinear propuestas de políticas culturales que respondan a las demandas de las Jornadas Culturales y los sectores culturales del Departamento. c) Presentar proyectos culturales para ser gestionados ante las instancias pertinentes, para su inscripción en los POAs municipales y en el POA de la Prefectura [Gobernación] de departamento. d) Realizar seguimiento y control social a los proyectos culturales presentados a los gobiernos municipales y a la Prefectura [Gobernación] de Departamento. e) Elevar Informe de Gestión ante el Consejo Plurinacional de Culturas. g) Coordinar y trabajar con las instancias estatales y privadas pertinentes. h) Servir como nexo integrador entre la población y las expresiones culturales de su jurisdicción. i) Elaborar sus Estatutos y Reglamento Interno.” (Art. 14º. D.S. 0064).

Se advierte en la legislación de constitución de los Consejos Departamentales de Culturas la amplia alusión de participación que conlleva la articulación, discusión y concertación en torno a las acciones culturales que se toman desde las iniciativas ciudadanas que deben de apoyar y controlar las disposiciones institucionales de los órganos de gestión pública gubernamentales. La gestión del reciente Ministerio de Culturas establece al advertir entre sus postulados de gestión que recurrirá a: la evaluación y planificación democrática y participativa, la institucionalización de gestión cultural y la sostenibilidad de la misma. La muestra de conceder espacios institucionalizados y legales de concertación participativa para la planificación y control de las acciones culturales advierte el compromiso de apertura –permitidas por las atribuciones que confiere el Estado–; sin embargo, no establece mecanismos concretos para incidir en la intervención en los órganos públicos correspondientes a cada jurisdicción territorial. La amplia discusión suscitada en el campo cultural, lamentablemente se ve mitigada por las alusiones económicas-presupuestarias o por la cualidad de representación y capacidad de sus autoridades; mas no se concentran en las evaluaciones o críticas del impacto cultural de las actividades o la gestión misma –al margen del espectro definitorio actual y la visión propuesta del marco estatal– más allá de aflicciones de no poder gestar acuerdos comunes o no desarrollar una gestión pública cultural que genere cierto consenso.

Al respecto, la Fundación Imagen entrevista a Juan Argandoña, presidente actual del Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba (CDC)[1].

Fundación Imagen [FI]: En torno al CDC, se advierte que es la única instancia que está reconocida por el Ministerio de Culturas y constituye una especie de mediación entre el Ministerio y la sociedad civil; precisamente en esas tres funciones principales que están reglamentadas: la función de proposición, de consulta y de control social. ¿Cuál cree Ud. que es la función de los CDC?

Juan Argandoña [JA]: Como nunca antes se ha dado el espacio. Como muchos artistas – yo estoy como unos 30 años metido en el arte, pero con esfuerzo propio y es más, he estado metido en lo que se viene a llamar teatro popular o arte alternativo– somos los que más hemos sentido la falta de un respaldo. Entonces cuando se presenta esta posibilidad de ser reconocidos por el gobierno, no como parte del gobierno, sino ser reconocidos por el gobierno y tener una instancia en la cual tengamos voto, en la cual tengamos presencia para poder, incluso, implementar proyectos, propuestas, etc., particularmente, me ha parecido una oportunidad que no habría que desaprovecharla[…] Estando ahora reconocidos por un decreto, se abren grandes posibilidades de poder hacer transformaciones, el espíritu de esta propuesta de los CDC no está mal en su estrategia porque dice que tiene tres momentos: Uno el de la participación, lo que involucra las jornadas, los espacios para poder convocar a artistas y gestores culturales; el otro espacio de la institucionalización que supone reconocernos, mediante decreto y todo; y el tercer [momento] que no lo hemos visto lamentablemente, es el de sostenibilidad que tiene que ver con respaldos financieros, con presupuestos, etc. Bajo esa lógica podría ser que estos consejos adquieran realmente la dimensión con la que se los ha creado. […] la función que los CDC deberían de realizar, principalmente, es la de control –claro es una instancia consultiva, propositiva pero el elemento que más los debería caracterizar es el de control social.

FI: En cuanto a la legitimidad de conformación del CDC, si bien se ha advertido mucho y entre algunas voces de otros artistas no los reconocen como un ente legítimo, ¿por qué se suscitan este tipo de comentarios?

JA: Porque el mismo Viceministerio  que era, entonces [el de Desarrollo de Culturas y que pasó a ser Ministerio de Culturas desde 2009], ha reconocido una debilidad, que ha sido la poca difusión del evento. […] pero he visto que han participado también los de ABAP [Asociación Boliviana de Artistas Plásticos], han estado los de IBART [Instituto Boliviano de Arte], han estado los del mARTadero; pero deberían haber estado muchos más artistas; es más, debería tener un carácter realmente departamental. Las jornadas que se han dado acá han sido eminentemente urbanas, eso hace que la gente que no ha participado haya cuestionado la legitimidad, es evidente. Yo he ido como Juan Argandoña, pese a que pertenezco a IBART[…] muchas personas se han representado a sí mismas y han sido miembros del directorio, es la verdad; pero para julio [de 2011] que están previstas las segundas jornadas, la idea es difundirlas a todo lo que es el departamento de Cochabamba y así tener un consejo legítimo.

FI: En cuanto a las atribuciones del CDC, ya concretas en el mandato que Ud. tiene a su cargo, ¿qué actividades, intenciones y proyectos se tienen?

JA: Lo inmediato, empezar a hacer una especie de control social pero irrumpiendo en los espacios legales o sea las instancias de poder que tenemos, en ese caso la Municipalidad [su Consejo Municipal] que tiene dos ordenanzas que no las está cumpliendo: la del ex-colegio Mejillones [que por ordenanza ha sido designado para fomentar la actividad artística y cultural] que deberían de entregar[lo] el 30 de abril del año pasado; la otra ordenanza, de febrero del 2009, donde se instituye la creación del Consejo Ciudadano de Culturas [emitida el 2009, estando conformado por los distritos, las instituciones artísticas y su presidente estaría dentro de la Casa de la Cultura que daría posibilidades para poder hacer acción dentro de la entidad] y algunos otros problemas que van a salir a relucir. Por el otro lado, con la Gobernación hemos tenido ya algunos acercamientos; han estado participando instituciones y también tiene cosas pendientes, por ejemplo, como el caso de la Cinemateca, que por ley del 2005, ya debería crearse en Cochabamba, es una ley que tiene que cumplirla la gobernación; también se encuentra pendiente, el caso del teatro Ópera que es un espacio maravilloso que está sin ningún uso y que por ley también pertenece a Fiscalía, corresponde hacer las gestiones para ver cómo y en qué manos queda ese espacio para los artistas.

FI: En el entendido de poder formular proyectos e iniciativas desde alguna institución, desde alguna iniciativa ciudadana particular, de manera personal… ¿Cómo el CDC podría canalizar estos esfuerzos?

JA: La idea es que se cumpla lo que este mismo proceso de cambio ha anunciado como una participación [entre todos]. Y si recogemos documentos, decretos, leyes, disposiciones, etc., siempre hablan de participación. En el tema cultural eso está quedando en el papel, ni la Gobernación ni la Municipalidad convocan a las instituciones a la formulación de los proyectos, en este momento la [Gobernación] está terminando de armar su plan quinquenal y dentro de ello el tema cultural, [aunque] nos ha abierto las puertas, pero muy a insistencia nuestra. En el caso del municipio no nos han convocado para nada […]. Entonces ahí, el interés del CDC, por lo menos en este último tramo, es armar y expresar la instancia, que pueda tener participación en la formulación de procesos de políticas culturales. Una política cultural no la podemos entender si no está entrelazada la parte pública –que es el gobierno, a la cabeza del Ministerio, más sus gobiernos locales que son la Gobernación, el Municipio– pero ligadas a las instituciones privadas donde están las ONG’s, están proyectos como el mARTadero, y el tercer elemento que vienen a ser las organizaciones de actores culturales o los artistas que somos. Mientras esas tres instancias estén por su lado no podemos hablar de una política cultural.

FI: Pero en el entendido ya de establecer políticas culturales: ¿Cuáles serían los mecanismos para poder incidir en aquello?, porque si bien el rol del CDC, de acuerdo a su reglamento, se centra en la especificidad de la organización de las jornadas culturales; pero aún no se han establecido –ni tampoco el reglamento establece los mecanismos de articulación con las instancias públicas. Se advierte que se tienen que articular, pero no existe el mecanismo procedimental para hacerlo y como Ud. dice, tampoco hay coordinación con la Gobernación o la Oficialía Superior de Cultura (del municipio), que como instancias públicas son las que disponen de fondos. ¿Cuál sería el rol del CDC para gestar iniciativas de políticas públicas?

JA: A lo que estamos apuntando, paso a paso: Lo primero que tenemos que hacer es agarrarnos de las instancias legales, una es la que nos reconoce, pero hay otras como esta de la ordenanza, que permite la creación del Consejo Ciudadano de Culturas, ése es el primer paso que estamos dando. Hemos conversando con gente que pertenecería, por decir, a la guardia vieja, que arrastraría tras de ellos a casi  40 instituciones. Les ha costado reconocer al CDC, pero ahora hemos entrado en un consenso que va a hacer todo el esfuerzo para volver a aglutinar a lo que era antes el Consejo Departamental de Cultura, más estos nuevos actores, como el mARTadero, el Teatro Hecho a Mano, Educar es Fiesta, el Colectivo Katari… hay nuevos actores que pertenecen a otra generación y están acá. Entonces hacerlos coincidir en esto que nos permite la ordenanza: el Consejo Ciudadano de Culturas en lo que toca específicamente a Cercado, con que logremos eso para el CDC ya habría sido un aporte de permitir a los artistas de que se encuentren en un espacio que les permite avanzar. Se nos va a hacer más difícil en el ámbito provincial porque ahí ya supone apoyo logístico, no tenemos ni oficina, menos vamos a poder desplazarnos. Se tiene coordinado con AMDECO [la Asociación que articula a los órganos municipales de todo el departamento de Cochabamba] pero veremos hasta dónde.

FI: Tendrían definidos algunos proyectos para poder ser canalizados en materia de políticas culturales con respecto a creación de espacios culturales, a fomentos para la creación, formación de los artistas, rehabilitación de otros espacios… o estaríamos, primeramente, sosteniendo la organización y consolidando la participación y legitimidad del consejo de culturas.

Lo último. Es más, en el par de visitas que tuvimos de la señora Ministra [Zulma Yúgar P.], claramente nos anunció que esta gestión la había heredado ella [de su anterior titular, Pablo C. Groux] y que no existía financiamiento para respaldar absolutamente ningún proyecto. Para esta gestión que se inicia se está apuntando más a respaldar la realización de las Segundas Jornadas Culturales; entonces la puerta para presentar proyectos aún no está abierta y nos toca lo último que dijiste: Consolidar la institución, hacerla visible ante las autoridades y ante los mismos artistas y compañeros para tener la legitimidad.

FI: Para cerrar, ¿quiénes conforman el CDC de Cochabamba?

Se ha respetado la organización propuesta por el Ministerio de Culturas, de tener hasta un máximo de 10 mesas de trabajo por cada departamento, organizados en función de los sectores que son parte del ámbito cultural. En el CDC de Cochabamba, la única mesa acéfala es la que corresponde al área de letras; la misma que debe ser designada por las instituciones involucradas del sector: 1. Instituciones y movimientos sociales: Froilán Gutiérrez M. (CONALJUVE) y Jhon Henry Martínez S. (suplente). 2. Artes plásticas: Richard H. Peredo (Colectivo Willka) y delegado de ABAP (suplente). 3. Artes escénicas: Juan Argandoña (Taller de Arte y Difusión Cultural) y Miguel Reynaga (Compa, suplente). 4. Artes musicales: Marcos Herrera S. (Asociación de Músicos-Punata) y Tania Suárez (Asociación de Grupos Autóctonos, suplente). 5. Artes audiovisuales: Sergio Antonio Antezana J. (Asociación de Trabajadores de la Imagen de Bolivia) y Castel Vargas (suplente). 6. Patrimonio cultural: Walter Rodríguez y Wilder Flores (Suplente). 7. Interacción cultural: Gróver Loredo (Colectivo Katari) y Hernán Medrano (Trokin teatro, suplente). 8. Archivos, bibliotecas y museos: Beatriz Tames (CEDIB) y Ma. Elena Sabja A. (C. P. y C. Simón I. Patiño). 9. Formación artística: Adolfo Taborga (Orquesta Sinfónica de Cochabamba) y Wilmer Vidaurre (Escuela de Artes y Talentos, suplente). 10. Literatura y comunicación: Por designar.


[1] Entrevista realizada el 25 de enero de 2011.

 
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